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Historia de la Educación en Chile

30 abril, 2019, en Educación por Raimundo Ibieta Azócar
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Historia de la Educación en Chile

En 1980 comienzan en Chile grandes transformaciones provenientes del gobierno militar, entre estas transformaciones se encuentra el sistema educativo, si bien antes de 1980 la administración del sistema escolar estaba 100% centralizada en el Ministerio de Educación (MINEDUC), este fijaba los planes y programas para todo el sistema educativo así como también, administraba directamente las escuelas fiscales (estas representaban el 80% de la matricula), designando así a los profesores y Docentes Directivos, además de asignar y pagar los gastos asociados (remuneraciones, servicios básicos, gastos operacionales entre otros), pero a partir de 1980 (MIZALA; ROMAGUERA, 1998), el sistema se reforma, descentralizando la administración de las escuelas fiscales, traspasando los servicios educativos (también se traspasó la salud primaria, por lo cual los municipios se vieron en la obligación de crear la “Dirección de Servicios Traspasados”).

La Constitución Chilena, establece que la educación es un derecho para todos, y a comienzos de los años 80, como ya fue mencionado, se traspasa la educación a los gobiernos locales (municipalidades), además de surgir la educación por parte de privados apoyados por el Estado (Particular Subvencionado), estableciendo de esta forma la libertad en educación, en concordancia con el sistema económico liberal que se comenzaba a instalar en el país, es importante señalar que se crea el sistema de financiamiento de la educación mediante una subvención entregada por el MINEDUC por cada alumno que asiste a clases, con la intención de motivar a los establecimientos educacionales en atraer y retener a los alumnos (PAREDES; PINTO, 2009), donde los establecimientos municipales ofrecen el servicio educativo gratuito y reciben la subvención y surgen los establecimientos particular subvencionados, quienes cobran por el servicio y adicionalmente reciben subvención por parte del MINEDUC.

Se vuelve necesario, entender que el traspaso de la educación a los municipios fue solo el concepto de administración, ya que se mantiene en manos del MINEDUC lo correspondiente a los contenidos curriculares y políticas educacionales, creándose el primer problema del sistema educativo, una doble dependencia del sistema generando descoordinaciones entre el MINEDUC y las municipalidades (BENEDETTI, 2010).

Con la crisis económica en 1982, se vio afectada la subvención escolar, ya que esta dependía de la Unidad Tributaria Mensual (UTM), por lo mismo es que a finales del gobierno militar se cambia el sistema de subvención, reemplazando la UTM por la USE (Unidad de Subvención Educacional) modificándose factores de cálculo basadas en cada nivel de enseñanza, estableciendo así un nuevo sistema de reajustabilidad automática, mediante la USE.

Ya en la década de los 1990, se incrementa la cobertura educacional, aumentando en más de 500.000 matrículas de básica, media y párvulos, aunque la mayoría de esta alza no viene del sector municipal, más bien se concentró en los establecimientos particular subvencionados (PAREDES; PINTO, 2009).

Otro cambio importante que se desarrolla en 1991, durante el gobierno de Patricio Aylwin Azócar es la promulgación del Estatuto Docente, que se crea para mejorar la situación de los Docentes e incentivar el acceso de Docentes más calificados y así en parte reducir el daño, que ellos mismo establecen, al momento de ser transferidos a las municipalidades, denominado como “la deuda histórica”, pero esta medida fue contraproducente, ya que se instauraron: Restricciones de despidos; Negociaciones centralizadas y un sistema de salarios fijos, dependientes de la antigüedad, todo lo anterior, restringió las posibilidad de que los Directores de Establecimientos y las Municipalidades puedan administrar de buena forma sus RRHH, incentivando así la inamovilidad de los Docentes (CENDA, 2001).

Ya entre los años 2000 y 2006, el cambio de alumnos hacia establecimientos particular subvencionados en desmedro de los establecimientos municipales, perdiendo esta última cerca de 186.000 matrículas mientras que los particulares subvencionados aumentaron 386.000 (PAREDES; PINTO, 2009).

En marzo 2016, entro en vigencia la Ley de Inclusión, esta normativa prohíbe el lucro, el financiamiento compartido (Particular Subvencionados) y la selección, con esta normativa los establecimientos particulares subvencionados podrán optar por transformarse en fundaciones y ser gratuitos o simplemente transformarse en colegios pagados, dejando eliminado lo impuesto durante el gobierno militar sobre la libertad de elección, además que los establecimientos no podrán filtrar a sus estudiantes mediante pruebas que puedan ser discriminatoria, por lo cual, la selección de alumnos por establecimientos deberá ser mediante sorteo o simplemente el primero que llega.

En el 2017, la gran cantidad de municipalidades que poseen deudas elevadas en educación, han permitido que durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet Jeria, se apruebe la Ley de “desmunicipalización” y crea un Sistema de Educación Pública para instalar una nueva institucionalidad compuesta por el Ministerio de Educación; una Dirección de Educación Pública; y Servicios Locales de Educación, estos últimos estarán conformados por un Consejo Local de Educación con participación de docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres, madres y apoderados e instituciones de educación superior; y un Comité Directivo Local con representación de los centros de padres, municipalidad y gobierno regional.

Actualmente, 2019, existen algunos establecimientos educacionales que fueron traspasados a los Servicios Locales, pero aún no existe una claridad sobre esta “desmunicipalización” para el 100% de la educación municipal.

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

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Sistema Educativo Chileno

En nuestro país el sistema educativo se organiza en tres niveles de gestión de forma piramidal, comenzando con el Estado, los Sostenedores y los directores de los establecimientos educacionales. El Estado, por medio del MINEDUC, administra el financiamiento, las políticas y programas educacionales y el contenido curricular. El MINEDUC está representado a lo largo de Chile a través de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMIS) y los Departamentos Provinciales de Educación (DEPROV), los primeros ejecutan las políticas regionales y coordinan la labor de los servicios educativos de su sector de acuerdo con las instrucciones del Intendente Regional y con las normas técnicas que el MINEDUC establezca, los DEPROV, tienen como principal función la de orientar, asesorar y supervisar el cumplimiento de las normativas técnicas en las comunas además de ser el nivel intermedio entre los Municipios y el nivel central.

Los Sostenedores educacionales, según BENEDETTI (2010), se encuentran en un nivel de administración intermedio en el sistema educativo, teniendo ante el Estado la responsabilidad del funcionamiento y la administración de los establecimientos educacionales. Se debe distinguir que existen cuatro tipos de sostenedores: Municipales, Particulares Subvencionados, Administración Delegada y Privados.

Por último, en el nivel más bajo de la pirámide se encuentran los Directores de Establecimientos, quienes dirigen y son los responsables del adecuado funcionamiento y operación del establecimiento educacional.

La Educación Municipal

La Educación municipal se puede presentar dos tipos de administración, la primera la administración directa desde la municipalidad por medio del Departamento de Educación (DEM) y la administración delegada a través de Corporaciones Municipales, la diferencia entre ambas es su marco legislativo.

Tanto los DEM como las Corporaciones son los responsables de la administración de los recursos humanos, físicos y financieros asociados a los establecimientos municipales y los alumnos que estos tengan, además de ser los encargados de asesorar a los Alcaldes y Concejos Municipales en lo referente a la educación.

Como ya fue mencionado, el Sostenedor Municipal (DEM o Corporación) debe administrar los recursos, realizar la gestión financiera y la mantención física de los establecimientos, de manera colaborativa con la propia comunidad escolar, para lo cual se destacan dos procesos de gestión educativa, los primeros, que son los obligatorios, que son tarea del municipio por Ley que se emanan desde el Gobierno Central por medio del MINEDUC, y que se relacionan con la gestión de los recursos humanos (reclutamiento, selección y perfeccionamiento); la gestión financiera y administrativa asociadas a las subvenciones y el aporte municipal para la educación, el pago de remuneraciones; el trabajo con los establecimientos; el uso y la aplicación de herramientas de planificación y la mantención de la infraestructura educacional, y los segundos, que se pueden denominar como adoptados, estos son las iniciativas propias de cada municipio, que va más allá de la obligación y que en general demuestran la preocupación del Municipio en los temas educativos, destacando las funciones  de gestión pedagógica, que considera asesorías técnicos -pedagógicas a los establecimientos municipales, evaluación de rendimiento escolar.

Es importante entender el rol que poseen los municipios con respecto a la educación y de acuerdo con las normativas que regulan los municipios, de las cuales se puede constatar que no hay especificaciones sobre este rol, más bien solo se menciona, de forma genérica y como su principal función es administrar los establecimientos y el desarrollo de actividades educativas. En la propia Constitución Política de la República de Chile se establecen los objetivos de la Administración Municipal “…satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el proceso económico, social y cultural…” ; mientras que en la Ley Orgánica de Municipalidades con relación a la educación, se establece que “éstas podrán desarrollar actividades educativas y culturales amplias…”, por lo tanto, desde que se realiza el traspaso de la educación a los municipios en el año 80, solo se les asigno la “administración de los establecimientos educacionales” (SEPÚLVEDA, 1984).

En la Ley 19.410 de 1995 se fija como obligación la elaboración del Plan Anual de Desarrollo de Educación Municipal (PADEM), considerando a este último como un instrumento de planificación que debe contener un diagnóstico de aspectos académicos, extraescolares y administrativos de los establecimientos educacionales de las comunas, además de las matrículas actuales y las proyectadas, las metas anuales, dotación del personal, programas de acción a desarrollar y el presupuesto, el PADEM es entregado durante septiembre de cada año, para que el alcalde lo presente para su aprobación al Concejo Municipal, previa revisión del DEPROV correspondiente.

Es importante señalar que en el 2008 se realizó un análisis por parte del Poder Ejecutivo que considero que los municipios no tienen facultades técnicas – pedagógicas en su jurisdicción, que su quehacer se reducirá solo al ámbito administrativo y financiero y que los procesos técnicos – pedagógicos estarían bajo la supervisión del MINEDUC, diluyéndose la responsabilidad, de los municipios, por el logro de los aprendizajes.

Image by rawpixel from Pixabay

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Fuentes:

BENEDETTI, C. (2010). “Análisis y Evaluación de la Gestión Educacional Municipal”, Universidad de Chile.

CENDA (2001). “Chile: Financiamiento de la Educación”.

MIZALA, A.; ROMAGUERA, P. (1998). “Desempeño Escolar y Elección de Escuelas: La Experiencia Chilena”. Serie Economía N° 36. Centro de Economía Aplicada, Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile.

PAREDES, R.; PINTO J. (2009). “¿EL FIN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN CHILE?”. Estudios de Economía. Vol. 36 – N° 1, Junio 2009 pp. 47-66.

SEPULVEDA, LUIS (1984). “LA ADMINISTRACIÓN COMUNAL Y SU PARTICIPACIÓN EN LA DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS”, Revista Chilena de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol. II (Pag. 493 a 504).

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